Entre la democracia ideal, como modelo teórico-normativo y la democracia real, como realidad empírica construida en las últimas tres décadas en el Paraguay, existe una profunda brecha. Este artículo reflexiona sobre la democracia paraguaya, sus características y desempeño, a treinta años del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner (1989), no desde la perspectiva del ideal democrático, sino desde la mirada histórico-política sobre el tipo de organización institucional y política efectivamente construido a lo largo de la transición post dictadura. ¿Qué tipo de régimen de gobierno político se ha construido colectivamente? ¿Cuáles son los avances logrados y los déficits y retos que hoy enfrenta la democracia paraguaya? Se busca describir la democracia realmente existente en el país, aportando elementos para su comprensión, a partir del modelo plasmado en la Constitución de 1992.
La búsqueda de la democracia como ideal
La visión de la democracia como un valor, un ideal que guiase la construcción de un régimen político que garantizara amplias libertades públicas, políticas y civiles, derechos humanos fundamentales y ejercicio de una ciudadanía plena con bienestar social y económico para todos, fue el leitmotiv, la figura retórica, el ideal fundamental que impulsó la lucha y la resistencia de opositores y disidentes a lo largo de la dictadura de Stroessner (1954-1989), con la salvedad de quienes apostaban por una revolución radical transformadora de la estructura socioeconómica y política del Paraguay.
El derrocamiento del dictador (1989) como corolario de un golpe militar-civil que se produjo “desde arriba” y desde el interior del mismo régimen, expresó el quiebre del viejo pacto de dominación colorado militar dentro del bloque de poder, a través del cual una elite militar y política desplazó a otra del control del poder político, sin alterar sustancialmente las condiciones de funcionamiento del sistema político autoritario ni la posición del Partido Colorado hegemónico.
No obstante, bajo el viejo marco constitucional y político del stronismo -un régimen de gobierno presidencial de carácter autoritario, no democrático, no competitivo, basado en un bipartidismo formal con un partido hegemónico- se inauguró un nuevo escenario político de amplias libertades públicas, políticas y civiles, se inició una incierta transición hacia la democracia, tutelada por el actor militar y se produjeron los primeros cambios político-electorales e institucionales.
El modelo de democracia en la Constitución
Tras la reforma constitucional de 1992 y los sucesivos cambios en el sistema electoral y en el sistema de partidos, la transición se desarrolló bajo un nuevo marco constitucional y político. El régimen político evolucionó hacia un presidencialismo moderado, con atribuciones acotadas y los sucesivos presidentes se han visto obligados a buscar consensos y acuerdos con el Congreso para tener gobernabilidad. La nueva Constitución (Art.1), establece que “la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.
Si bien el país ha establecido, constitucional y electoralmente, un modelo de democracia representativa, participativa y pluralista, representación política sustentada en los partidos políticos; en la práctica política, a lo largo de los procesos electorales de la transición, el modelo ha devenido predominantemente representativo; al potenciarse casi exclusivamente esta dimensión representativa (centrada en el protagonismo de élites partidistas), en desmedro de los componentes participativo y pluralista.
Siguiendo a Robert Dahl (1992), una democracia razonablemente representativa sólo puede existir si están presentes al menos ocho garantías institucionales: 1. libertad para constituir e integrarse en organizaciones; 2. libertad de expresión; 3. el derecho de voto; 4. elegibilidad para cargo público; 5. derecho de los líderes políticos a competir por el voto; 6. fuentes alternativas de información; 7. elecciones libres y limpias y 8. que las instituciones para hacer política de gobierno dependan del voto y de otros signos de preferencia. ¿Cuántos de estos derechos y libertades están absolutamente garantizados para todos los ciudadanos y grupos sociales sin exclusiones, en la democracia paraguaya? ¿La manera en que están organizadas las elecciones y otras instituciones y prácticas aseguran un gobierno responsable?
En este sentido desde una perspectiva minimalista, la democracia paraguaya ha enfatizado solo su naturaleza electoral a lo largo de la transición, de modo que es un régimen casi exclusivamente electoral. En años recientes, todo el sistema electoral está puesto en tela de juicio, desde la legislación vigente hasta el desempeño de la autoridad de aplicación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE); pues si bien se cumple con la formalidad legal de realizar comicios periódicos para la renovación de autoridades y la constitución del poder público, los procesos políticos electorales están cada vez más cuestionados, al no garantizarse el ejercicio ciudadano libre, transparente e informado del derecho del voto y el desarrollo de una representación política genuina, más plural, legítima y representativa, que exprese la verdadera voluntad popular en las urnas.
En este contexto, puede calificarse a la paraguaya como una democracia electoral falsificada, por dos razones principales: Una, es la dudosa legitimidad y legalidad de origen de los gobernantes que han surgido de procesos electorales cuestionados como fraudulentos y de elecciones poco trasparentes y no realmente competitivas. La integridad e imparcialidad del TSJE ha sido desacreditada crecientemente por una ciudadanía cada vez más crítica. Otra, es que antes y durante las elecciones, ciertas libertades políticas básicas están vigentes en teoría; pero en la práctica, importantes sectores de la población están excluidos de la participación informada y en igualdad de condiciones, por las mismas reglas de juego del sistema político (continúa en Parte II).