Comunidades indígenas en doble emergencia, denuncian

A través de un comunicado, ocho organizaciones manifestaron, desde la sociedad civil, la situación que afecta a las comunidades indígenas, y hacen un llamado al Estado paraguayo sobre la necesidad de crear planes para la asistencia eficaz y eficiente para los pueblos originarios.

A través de un comunicado, ocho organizaciones manifestaron, desde la sociedad civil, la situación que afecta a las comunidades indígenas, y hacen un llamado al Estado paraguayo sobre la necesidad de crear planes para la asistencia eficaz y eficiente para los pueblos originarios.

Además de la emergencia nacional sanitaria decreta por el Gobierno debido a la pandemia por COVID-19, las organizaciones que firman el documento recuerdan que en junio de 2019 fue promulgada la Ley Nº 6319/19 “Que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas que conforman los diecinueve pueblos diseminados en varios departamentos del territorio nacional”.

El texto menciona que las comunidades indígenas son las más afectadas por la pobreza, y también son muy afectadas por hechos de desigualdad y discriminación: según datos oficiales al 2017, el 66,2% de las personas indígenas -siendo muchas de ellas niñas y niños- se encuentra en situación de pobreza, lo cual constituye 2 de cada 3 personas. Esto implica que unas 81.000 personas indígenas viven en situación de pobreza, y que la mitad de ellas está en la pobreza extrema, es decir el 34,4% de la población indígena. Estos datos se mantienen en estos niveles año tras año, lamentablemente.

En la presente situación sanitaria, la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento básico, la inseguridad alimentaria, la falta de viviendas dignas, son también problemáticas graves que afectan a las comunidades indígenas, las cuales también sufren mucha violencia, que es muy poco visibilizada. Esta violencia, por ejemplo, se pone de manifiesto claramente en la vulneración de sus tierras, en asesinatos y violaciones de niñas indígenas, y en trabajos en semiesclavitud en estancias chaqueñas.

Tres hechos denunciados

El documento cita tres hechos que demuestran la falta de respuesta del Estado a los ciudadanos indígenas. Primeramente consideran insuficiente la entrega de kits de alimentos como un plan de contingencia necesario; acusan la escasa asignación de presupuesto público para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), así como su escasa ejecución; y la falta de transparencia con los recursos de la Ley de Emergencia, en que están enmarcados los 1.600 millones de dólares, que no contemplan a los pueblos indígenas.

Según el portal oficial Rindiendo Cuentas (www.rindiendocuentas.gov.py), el INDI recibió 2.137 millones de guaraníes (unos 310.000 dólares al cambio actual), de los cuales -según dicho sitio web- se gastaron hasta el momento 95 millones (cerca de 14.000 dólares al cambio actual), en “pasajes y viáticos”, menciona el material.

Propuestas de solución

En este contexto, desde la sociedad civil organizada hacemos un llamamiento al Estado Paraguayo sobre la necesidad de crear planes especiales para la asistencia eficaz y eficiente a las comunidades indígenas; planes que deben contar con la intervención diversos organismos estatales, en los tres niveles de Gobierno (nacional, departamental y municipal). También es necesario que se superen los problemas de burocracia y escasez de recursos para llegar a todas las comunidades indígenas, garantizándoles sus derechos para una vida digna, manifiestan los firmantes.

Con este posicionamiento, las organizaciones firmantes nos proponemos: a) realizar un monitoreo permanente sobre las condiciones en las que las comunidades indígenas están sobrellevando la situación de doble emergencia; b) buscar canalizar las denuncias de manera proactiva hacia los diferentes estamentos del Estado; y finalmente c) incidir ante los correspondientes estamentos y autoridades estatales; para que las respuestas estén basadas, desde el respeto a las comunidades indígenas, en planes efectivos durante y post-pandemia; finaliza el texto, con fecha del 19 de agosto de 2020.

Integran el grupo que apoya el comunicado: Asociación Callescuela; Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA); Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI); Decidamos; Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI); Grupo Sunu de Acción Intercultural; Pastoral Indígena de la Diócesis de Coronel Oviedo; Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py).

Fuente: Diario La Nación 19/08/20