Campaña Grandes Vacíos 2023

Desde la plataforma ciudadana Jaha Japolí, contra la desigualdad, lanzamos la campaña "Grandes Vacíos 2023. Es tiempo de llenarlos" llevada adelante por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana, y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Desde la plataforma ciudadana Jaha Japolí, contra la desigualdad, lanzamos la campaña “Grandes Vacíos 2023. Es tiempo de llenarlos” llevada adelante por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Decidamos – Campaña por la Expresión Ciudadana, y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) con el objetivo de poner en relieve algunos datos del proyecto de PGN 2023 que pueden afectar al acceso de derechos de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, en particular niñez, adolescencia y mujeres, que dependen de servicios y programas de protección social.

Los recursos insuficientes que son asignados cada año al Ministerio de la Niñez y Adolescencia reflejan la falta de voluntad política para dar respuesta a las múltiples problemáticas que afectan a las niñas, niños y adolescentes de todo el país.
Una mayor inversión en la primera infancia puede mejorar el acceso a la educación inicial, favorecer el buen trato, prevenir enfermedades, la mortalidad infantil y materna, y otras dificultades del desarrollo.
La atención a la primera infancia debe ser una prioridad para el Estado.
Un recorte presupuestario al INCAN no es solo un retroceso para el sistema de salud sino además impacta la economía de las familias con pacientes.
Una de las causas de la exclusión educativa es la falta de recursos de las familias para enviar a niñas/os y adolescentes a la escuela.
Es preocupante la baja prioridad que otorga el Estado paraguayo al Ministerio de la Mujer, a pesar de la violencia sostenida que sufren las mujeres.
El acceso a la tierra de las poblaciones indígenas continúa siendo una gran deuda del Estado paraguayo.
Es obligación del Estado garantizar la igualdad en el acceso a la justicia.

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